2011
06.30

Última entrega de la serie de post sobre bajas temerarias. La entrada anterior aquí.

Identificación de las bajas temerarias.

La interpretación de la incursión de una oferta en baja temeraria o como se denomina en el nuevo reglamento, en valor anormal o desproporcionado, viene definido en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), en su artículo 85, en el caso de que la contratación se lleve a cabo mediante subasta. Baja Temeraria

En este caso, teniendo en cuenta el número de licitadores que concurran al contrato se calcula de una forma u otra. El caso más habitual es el supuesto planteado en el apartado 4 de ese mismo artículo, que concurran a una licitación 4 empresas o más, caso en el que la baja se determina en todas aquellas ofertas económicas que excedan en 10 puntos porcentuales a la media aritmética a las ofertas presentadas.

En el caso de que el procedimiento de licitación sea mediante varios criterios, la LCAP en su art. 86 establece que se han de “expresar en el pliego de cláusulas administrativas particulares los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias”. En base a mi experiencia personal, los límites para apreciar las ofertas anormalmente bajas se calculan en base a la desviación estandar de las ofertas admitidas, en base a fórmulas definidas en el pliego y que hace que la estimación de la oferta anormalmente baja se guíe por unos criterios más centrados en la distribución de las ofertas que en medias aritmétivas que pueden verse desvirtuadas por las distribuciones de las ofertas, que no siempre se rigen por una distribución normal de la misma.

Una vez incursa la oferta de la empresa en temeridad, como se ha indicado anteriormente, la administración ha de dar audiencia al licitante para que justifique las ventajas que poseen o los medios que hacen que su oferta pueda ser más barata que los competidores y así cumplir con el contrato y con los plazos establecidos. La administración tendrá que decidir en su caso si la justificación está correctamente planteada y realizada por lo que la oferta anormalmente baja de la empresa está motivada.

Las formas más normales de justificar los precios más bajos del contrato son la aportación de pruebas de acopios de materiales en zonas cercanas a la obra, contratos de suministro con proveedores que justifiquen los precios de los materiales, rendimientos mayores a los expresados en proyecto por maquinaria o sistemas constructivos más eficaces, maquinaria amortizada para la realización de las obras y por tanto a un precio menor, disminución del beneficio industrial a unos niveles mínimos (dependiendo de la administración ese porcentaje se sitúa en un umbral u otro) y disminución de los Gastos Generales del proyecto por estructuras implantadas en las inmediaciones de la ubicación de la obra y un largo etcétera que en la mayoría de los casos son poco creíbles o directamente imposibles, lo que hace que en general, muchas de las ofertas incursas en baja temeraria se desestimen.

Pero esto no hace que desaparezca el peligro. La empresa que está dispusta a incurrir en temeridad, su único afán será conseguir obra para tratar de darle un giro positivo a su situación financiera, puede estudiar los porcentajes de adjudicación de las últimas licitaciones y ofertar en base a ello, sin un estudio serio de la obra, que aún sin incurrir en baja temeraria, podría llevar a la empresa a la quiebra.

En conclusión, existen mecanismos mejorables para la contención y determinación de las ofertas anormales o desproporcionadas, pero en realidad todo depende de la salud finaciera de la empresa ofertante, que aunque se le puede dificultar el acceso, siempre será capaz de acceder.

2011
06.29

La ruleta rusa de la contratación pública: Bajas temerarias (2/3)

Continúa el articulo sobre las bajas temerarias. La segunda de tres entregas.

Garantías al contrato.

Como medida de disuasión para la entrada en el contrato de empresas con un deficiente estado de financiación y respuesta ante los problemas y gastos que puedieran surgir en las licitaciones existe el mecanismo de la petición de garantías o avales. Bajas temerarias

Hay dos tipo de éstas, la garantía provisional y la definitiva, aunque en la última redacción de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) se eliminó de manera general las garantías provisionales, quedando su petición y formalización supeditada al pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso.

Esta garantía provisional que cuando se ha de formalizar suele ser del 3% del valor de licitación del contrato IVA excluido, sirve para asegurar la presentación de la empresa ante la administración para la formalización del contrato. La retirada injustificada de la proposición viene sancionada por la LCAP con la incautación de la garantía. El reglamento establece el procedimiento de incautación y asimila a la retirada injustificada de la proposición, la falta de contestación a la solicitud de información a los licitadores supuestamente comprendidos en baja temeraria, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable. En teoría, contra las bajas temerarias es un primer filtro para eliminar empresas con una salud financiera deficiente puesto que la formalización de la garantía supone unos costes financieros a la empresa que quizás no pueda asumir. En la práctica, las empresas pueden conseguir avales bancarios para formalizar dichas bajas, poniendo por garantía bienes o activos de la empresa, mientras que no se encuentren en quiebra o en concurso de acreedores. De todas formas sí supone un gasto financiero añadido al precio de la obra que ha de ser tenido en cuenta en el estudio y que dificulta la posibilidad de acceder al concurso.

Las garantías se pueden establecer de tres formas distintas, mediante aval bancario, aval de una entidad de caución e imposición en metálico. De estas tres formas, la que a mi modo de ver es el mejor filtro para las empresas en una situaión económica delicada son los avales de entidades de caución, ya que en teoría están más involucradas en los procesos de estudios de viabilidad de las empresas siendo más restrictivas en sus condiciones que las entidades bancarias, que disponen de forma más directa de activos de la empresa para garantizar el aval.

La garantía definitiva, del 5% del valor del contrato sin IVA se constituye por el licitador para responder ante la administración de los costes de un cese del contrato, una mala ejecución de los trabajos o de los vicios o dolos de la obra durante el periodo de garantía de la misma que suele ser de un año tras la finalización de los mismos. En este caso, la ley, de una forma muy somera indica que en casos especiales en los que el órgano de contratación podrá exigir una garantía complementaria, que nunca podrá exceder del 6% del importe de adjudicación del contrato. El reglamento se limita a indicar que se considerarán casos especiales aquellos contratos en los que, dado el riesgo que asume el órgano de contratación por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva, lo que deberá acordarse en resolución motivada.

Aunque en caso de baja temeraria la empresa debería asumir una garantía total de un máximo del 11% del valor del contrato, mi opinión es que en muchos casos puede ser que no cubra los costes de una nueva adjudicación, los litigios y los retrasos de los contratos por lo que quizás sería más acertado la constitución de una garantía más complementaria en función de la incertidumbre de la obra. A mayor posibilidad de quiebra de la empresa y mayor porcentaje de la baja sobre la baja media de las empresas presentadas el importe debería ser mayor pudiendo llegar a cifras del 50% del valor del contrato asemejandonos a la legislación de EEUU que incluso puede llegar a proponer avales de más del 100%, hecho por otra parte exagerado en mi opinión.

La próxima y última entrega tratará de los mecanismos para la determinación de las ofertas incursas en baja temeraria.

2011
06.28

Comienzo un extenso artículo sobre las bajas temerarias, que profesionalmente me están acompañando últimamente de forma casi diaria dada la enorme competencia en el sector de la contratación pública, con precios cada vez más ajustados. Serán 3 entregas.

Es un juego peligroso pero a veces es la única forma de conseguir un contrato público y poder alargar la agonía de tu empresa unos meses más y con suerte, mantenerla en un estado estable dentro de la gravedad hasta que las condiciones de la misma y del exterior permitan una recuperación de la misma sin acudir al concurso de acreedores o a la quiebra de la empresa.

Pero lo que pueden parecer ventajas para la empresa no siempre es así. La empresa juega a quedarse contratos de obra pública por un precio por debajo de mercado y por debajo de coste incluso, a la espera de poder dar la vuelta a esa supuesta falta de beneficios de la obra mediante modificaciones en los contratos, modificando calidades y naturalezas en materiales, procesos constructivos o revisando precios a la baja a los subcontratistas que serán los que incumplan por ella las condiciones mínimas de seguridad y legislación laboral. Este juego se puede hacer en parte escudada por la responsabilidad limitada, ya que si el impacto de los costes de la obra no se desarrolla de forma positiva y la empresa a de quebrar, la responsabilidad de la misma ofrece el escudo perfecto para cesar la actividad mediante concurso de acreedores o la quiebra de la empresa y reemprender la misma con otro nombre. Las empresas con un estado financiero crítico, movidas por la responsabilidad limitada y la necesidad de conseguir obra para tratar de dar la vuelta a la situación financiera, son más agresivas que las empresas solventes, teniendo más probabilidades de adjudicarse los contratos por subasta pero también de quebrar e incumplir los mismos.

A la administración, en principio podría suponer un menor gasto en la ejecución de los contratos pero como comenté hace poco aquí, las bajas temerarias o bajas abultadas que se compensan con proyectos modificados y complementarios suponen un lastre económico a la administración. Y si encima la empresa adjudicataria entra en concurso de acreedores o quiebra. la administración habrá de asumir los costes de liquidación, los costes por retrasos de la obra, litigación (en caso de ir a los tribunales) y los costes de un nuevo proceso de adjudicación.

El problema se acrecienta cuantas más empresas se presenten a los contratos puesto que aumenta la posibilidad de que hayan más empresas en situaciones financieras críticas que traten de quedarse con el contrato formulando bajas anormales o desproporcionadas.

La administración española en la legislación tiene tres formas de poder controlar el acceso a la adjudicación de contratos a este tipo de empresas: clasificación empresarial, garantías a la obra e identificación de las bajas temerarias que se desvíen o distancien cierto porcentaje de la media. La combinación de las tres puede ayudar a combatir dicho problema así como medidas complementarias a éstas.

Clasificación empresarial

La clasificación empresarial dota a la administración sobre la solvencia técnica y finaciera de la empresa. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros es obligatorio la obtención y presentación de la clasificación empresarial.

Aunque es una buena medida para discrecionar empresas solventes de las insolventes, no da información actualizada de la empresa puesto que la clasificación empresarial evalua el pasado de la empresa y la selecciona por categorías de obras o servicios y por cuantía económica de la misma, pero no da información de la situación inmediata de la empresa que puede haber cambiado desde el momento de obtención de la clasificación a la fecha de licitación del contrato.

Continuará en próximas entregas con las garantías exigibles y la identificación de las ofertas incursas en baja temeraria.

2011
06.18

Contratación Pública: Modificando los modificados.

Todos conocemos la LES (Ley de Economía Sostenible) por sus agregados de última hora para proteger los intereses de las industrias discográficas o como se llama popularmente, la Ley Sinde en honor a la Ministra impulsora. Si conoces un poco este blog y a su autor sabrás que está profundamente en contra, pero la LES no es sólo eso, tiene mucho más trasfondo.

De lo que me gustaría hablar en esta entrada del blog es de otros apartados de la LES, en especial uno que me afecta por mi puesto de trabajo y son las modificaciones que se introducen en la Contratación Pública motivadas por el ajuste de la normativa española al marco comunitario de la Unión Europea. La noticia la leí aquí.

En un principio, visto de forma rápida me parece una gran medida. Que aportará seguridad y eficiencia a las licitaciones.

Seguridad porque esto obligará de forma inminente a las administraciones públicas a una mayor inversión en los proyectos de licitación que en muchas ocasiones no resuelven de forma correcta la problemática de la obra a ejecutar, dejando el problema para su posterior resolución en obra y de forma indirecta obligan a la utilización de proyectos modificados que aumentan el coste de las obras.

Estos proyectos modificados, podían superar el 20% del valor del proyecto, siempre y cuando lo aprobase el Consejo de Ministros, cosa que no era deseable por la dilatación en el tiempo por lo que no suelen superar éste porcentaje. La LES prevé en el caso de modificados de importe superior al 20% rescisión del contrato y nueva adjudicación. Además, según estudios dos terceras partes de los sobrecostes se refieren a mejoras o correcciones del proyecto inicial.

Esto podría suponer a corto plazo un aumento de los sobrecostes pero que a largo plazo imprimiría seguridad y eficiencia a la contratación pública.

También aporta eficiencia a mi parecer puesto que un proyecto que no necesite modificaciones y que esté amplia y correctamente definido supondrá menos sobrecostes y más eficiencia a la hora de su desarrollo y ejecución en obra, siendo las empresas más eficientes en la construcción y programación de los trabajos los que aprovecharán mejor estas condiciones, reduciendo a su vez los sobrecostes.

Por otro lado, sin embargo, la medida de aumentar el peso de la oferta económica hasta un 15% más es posiblemente la más controvertida puesto que las subastas aportan transparencia al contrato público puesto que no dependen de juicios de valor que pueden verse alterados por relaciones entre el licitante y el licitador, pero como señala el estudio que he enlazado antes, la correlación entre sobrecostes y métodos de adjudicación mediante subasta es mayor que en los métodos de adjudicación por concurso, donde otros criterios entran en juego.

Desde la experiencia personal, la subasta favorece la apuesta por los proyectos modificados y complementarios, que aumentan los costes del importe de adjudicación hasta el precios cercanos al de licitación con el problema añadido de que durante estos trámites se pierde tiempo y transparencia dejando comprometida la eficiencia. El problema de la subasta es muchos casos la “necesidad de quedarse la obra” que hace licitar con precios muy por debajo del precio de licitación, yendo de forma deliverada por debajo de coste para recuperarlo durante la tramitación del proyecto modificado o el complementario. En este sentido, al ser una práctica común entre las empresas que normalmente concurren a subastas, las bajas temerarias no sirven de filtro y en muchas ocasiones las licitaciones se convierten en una especie de lotería para ver quien se queda el primero de los no temerarios.

El artículo de Francisco Javier Vázquez Matilla, publicado antes de la aprobación de la LES ayuda a conocer más sobre los motivos y los cambios en la LCSP. Como esta parte de la LES no sufrió enmiendas es perfectamente válido a día de hoy.

 

2011
06.16

Bandoleros en la Sierra de Albatera.

No hace mucho salí de ruta por los alrededores del pueblo donde resido, Albatera. Al llegar a vivir a él, informándome un poco de la historia del pueblo y de sus alrededores descubrí el Sendero Cultural “Canal del Rambla Salada – Los Lagos” y por fin, hace unos meses lo hize. Es una ruta muy bonita, sencilla de realizar y que te trasporta a un paisaje que no te esperas en la zona de huertos cercanos y parajes de sierra mediterránea en los que transcurre. Pero esto es sólo la escusa de esta entrada.

La ruta arranca en el paraje de “Las Ventanas“, que recibe el nombre de los huecos que ha horadado el viento en una cresta de areniscas en la Sierra de Albatera, que forma parte de las cordilleras béticas. La curiosidad por el origen del topónimo de la zona, hizo que me topase de golpe con una historia desconocida para mí, como es normal con todo aquello que llega nuevo a tu vida.

La historia es una saga de bandoleros españoles, que vivieron y actuaron en esta sierra y otras cercanas, que ayudaron a las gentes humildes de los pueblos, que lucharon contra la ocupación francesa y contra el liberalismo y tras recibir el indulto dos veces fueron traicionados y ejecutados en Murcia de la forma más vil de la época, descuartizado en 5 partes y expuestos los restos en las zonas más significativas de sus andanzas. Es la historia de Jaume “El Barbut”.

Jaime Joseph Cayetano Alfonso Juan, tal y como figura en su partida de nacimiento, nació en Crevillente en 1973. Jornalero de profesión, con 25 años se encuentra guardando unas viñas en Catral cuando tiene un enfrentamiento con “El Zurdo”, un ladrón que va a robar uvas. El enfrentamiento tiene fatales consecuencias para “El Zurdo” y Jaume, desconfiando de los derroteros que tomará la justicia, huye a la sierra en busca de refugio. Este punto difiere entre las distintas versiones que hablan de que “El Zurdo” era un bandolero y Jaume tuvo que huir de los seguidores de éste, o la versión de que por esa época él era soldado y desertó para poder ver a su madre, gravemente enferma. Con la madre existe otra teoría del inicio de la actividad delictiva de Jaume y es que ésta estaba presa por insolvencia y Jaume hirió mortalmente al carcelero.

Sea como fuere, “El Barbut” se hizo al monte, integrándose en alguna de las bandas de bandoleros que actuaban por la zona y arrebatándoles el poder de la banda dada su astucia, valentía y conocimiento de los montes.

Durante la ocupación francesa de 1808 hasta 1813, la banda de Jaume “El Barbut” se hace dueña y señora de la la zona comprendida entre la vega sur del río Segura y el Vinalopó, actuando en Jumilla y Abanilla, siendo sus principales bastiones las sierras de El Carche, la Sierra de Abanilla y La Pila, actuando también en las zonas de Albatera, Crevillente y Orihuela. Durante la ocupación se une a la guerrilla contra los franceses actuando contra destacamentos, correos y convoyes lo que le propicia una vez finalizada la ocupación el indulto por los servicios prestados en contra de los franceses.

Aunque vuelve a ocuparse de asuntos agrícolas y ganaderos tras el indulto, vuelve a echarse al monte, unos dicen que por adjudicación de delitos que no cometió, otros por el afán aventurero y la facilidad de ganarse el sustento a base de delinquir. Convertido en rey y señor de las sierras, no dudaba en repartir parte de sus ganancias robando a acaudalados comerciantes entre los habitantes humildes de los pueblos que frecuentaba, obteniendo así el favor de los mismos y granjeándose los favores de los mismos en una red de espías que le mantenían informados. Aún así, trataba con mano dura a sus opositores quemándoles casas y cosechas.

Con la instauración de la Constitución de Cádiz de 1820, el gobierno liberal se propone dar caza a los bandoleros retirando el indulto previo a Jaume y poniéndole precio de 30.000 reales a su captura, que en consecuencia se adscribe a la causa realista, que busca la instauración del rey absolutista Fernando VII.

Una vez instaurado en el trono Fernando VII, a Jaume “El Barbut” se le concede el segundo indulto y se le nombra sargento primero al servicio de la corona. En 1824 se le llama a la Casa Consistorial de Murcia para recibir órdenes, pero lo que recibe es su encarcelamiento y posterior ejecución. Todo apunta a una trampa para deshacerse de un incómodo aliado que había pasado a ser inútil.

Jaume “El Barbut” es ajusticiado en la Plaza de Santo Domingo en la horca, la más vil de las muertes de la época, descuartizado en 5 partes, fritas estas en aceite y repartidas por los lugares emblemáticos de sus fechorías; la cabeza en Crevillente, la mano izquierda en Jumilla, la mano derecha en el puerto llamado de la mala mujer, cerca de Hellín, el pie derecho al camino de Aspe a Elche y el pie izquierdo al camino de Hondón de los Frailes a Hondón de las Nieves, para su escarnio público.

Para el recuerdo las numerosas historias de este bandolero y una frase de los habitantes de Aspe y Crevillente que ha quedado en el vocabulario popular, para referirse a alguien amante de lo ajeno o que cobra precios abusivos por un producto: “Ese es más ladrón que Jaime el de la Sierra.”

 

Fuentes:

 

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